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Anticorrupción: Nueva ley agrega a cientos de funcionarios

Asesores y empresas mixtas declararán bienes e ingresos

Una ley aprobada ayer incluye a cientos de funcionarios de confianza política y a los que trabajen para empresas mixtas con capital estatal en la obligatoriedad de declarar sus bienes ante la Junta Anticorrupción.

La Junta Anticorrupción pide más recursos humanos y materiales. Foto: Ariel Colmegna

DANIEL ISGLEAS 09 Abril de 2014.

El Senado sancionó una ley que amplía la cantidad de funcionarios que deben presentar anualmente su declaración de bienes e ingresos a pedido de Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), conocida como Junta Anticorrupción.

La norma alcanza a quienes trabajen en las empresas mixtas que se rigen por el derecho privado pero en las cuales el Estado tiene mayoría en su paquete accionario. Entre estos funcionarios están los miembros de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, todos los representantes del Estado en los directorios de los organismos paraestatales y en las empresas de economía mixta, y la totalidad de los funcionarios que ocupan cargos de particular confianza y aquellos que cumplan funciones de carácter inspectivo, con lo cual se agregan cientos de personas a la lista de las que tienen que presentar declaraciones juradas de bienes e ingresos.

El proyecto contiene un solo artículo y fue votado por la unanimidad de los 23 senadores presentes en la sesión de ayer.

Entre los fundamentos de la iniciativa se recuerda que determinados organismos públicos crean y adquieren empresas privadas con la finalidad de que éstas realicen actividades que son competencia de las personas públicas. A los funcionarios dependientes de esas empresas como Ancap, UTE, Antel, entre otras, se les pedirá una declaración jurada de bienes e ingresos, lo mismo que a los funcionarios dependientes de las empresas mixtas en las que trabajan.

Esta norma alcanza a los funcionarios que prestan funciones en esas empresas dentro del país o fuera de fronteras.

Más controles.

"Surge como una necesidad medular crear mecanismos para garantizar el control y transparencia de los procesos", explicó en sala el senador Hebert Clavijo, del MPP.

La Junta tiene solo quince funcionarios y según sus autoridades está absolutamente desbordada. Además de la capacitación de funcionarios, establece el relacionamiento internacional y la asistencia especializada a la Justicia y la Administración Pública, la Jutep recepciona, sistematiza y custodia unas 12.000 declaraciones juradas de jerarcas obligados por ley a las que a partir de este año se suman 30.000 de todos los funcionarios del Ministerio del Interior.

A las debilidades de la Junta en materia de recursos humanos y materiales, se suma la ubicación institucional que tiene desde que fue creada en 1998 (entonces bajo la supervisión de la Fiscalía de Corte) que limita su margen de acción.

Pese a que la ley le ha conferido independencia técnica, carece de autonomía funcional. En el resto del continente la mayoría de las oficinas anticorrupción dependen de la Presidencia.

Por una ley anterior, la Jutep quedó como unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al que, según las competencias que le concedió esa norma, debe controlar de la misma manera que al resto de la Administración Pública.

Hace dos años que las autoridades de la Junta reclaman un proyecto de ley que la convierta en un ente autónomo, según dijo a El País el vicepresidente del organismo Luis Yarzábal.

"La Junta de Transparencia y Ética Pública es el organismo que ejerce el control superior de la corrupción en el país y tiene por cometido estudiar la situación de cualquiera de los funcionarios del Estado", dijo Yarzábal, para agregar que "para ejercer ese cometido debidamente tendría que ser un organismo autónomo. Cuando se votó la ley que creó la Junta se discutió su ubicación institucional y no hubo acuerdo", indicó el funcionario a El País.

Uruguay, 19 en 177

Según el ranking 2013 de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), Uruguay, con 73 puntos, se ubicó en el lugar 19 entre 177 países evaluados y fue el primero entre los de Latinoamérica. En 2012 Uruguay estaba en el lugar 20. Entre los países que se evaluaron, solo el 30% superó la media de 50 puntos sobre el máximo ideal de 100. Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia son los primeros.

Fuente: Diario "El País", tomado del blog de AFUSEC.