Anticorrupción: Nueva ley agrega a cientos de funcionarios
Asesores y empresas mixtas declararán bienes e ingresos
Una ley aprobada ayer incluye a cientos de
funcionarios de confianza política y a los que trabajen para empresas
mixtas con capital estatal en la obligatoriedad de declarar sus bienes
ante la Junta Anticorrupción.
DANIEL ISGLEAS 09 Abril de 2014.
La Junta Anticorrupción pide más recursos humanos y
materiales. Foto: Ariel Colmegna
DANIEL ISGLEAS 09 Abril de 2014.
El Senado sancionó una ley que amplía la
cantidad de funcionarios que deben presentar anualmente su declaración
de bienes e ingresos a pedido de Junta de Transparencia y Ética Pública
(Jutep), conocida como Junta Anticorrupción.
La norma alcanza a quienes trabajen en las empresas
mixtas que se rigen por el derecho privado pero en las cuales el Estado
tiene mayoría en su paquete accionario. Entre estos funcionarios están
los miembros de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta
(CTM) de Salto Grande, todos los representantes del Estado en los
directorios de los organismos paraestatales y en las empresas de economía
mixta, y la totalidad de los funcionarios que ocupan cargos de
particular confianza y aquellos que cumplan funciones de carácter
inspectivo, con lo cual se agregan cientos de personas a la lista de las
que tienen que presentar declaraciones juradas de bienes e ingresos.
El proyecto contiene un solo artículo y fue votado por la unanimidad de los 23 senadores presentes en la sesión de ayer.
Entre los fundamentos de la iniciativa se recuerda que
determinados organismos públicos crean y adquieren empresas privadas con
la finalidad de que éstas realicen actividades que son competencia de
las personas públicas. A los funcionarios dependientes de esas empresas
como Ancap, UTE, Antel, entre otras, se les pedirá una declaración
jurada de bienes e ingresos, lo mismo que a los funcionarios
dependientes de las empresas mixtas en las que trabajan.
Esta norma alcanza a los funcionarios que prestan funciones en esas empresas dentro del país o fuera de fronteras.
Más controles.
"Surge como una necesidad medular crear mecanismos
para garantizar el control y transparencia de los procesos", explicó en
sala el senador Hebert Clavijo, del MPP.
La Junta tiene solo quince funcionarios y según sus
autoridades está absolutamente desbordada. Además de la capacitación de
funcionarios, establece el relacionamiento internacional y la asistencia
especializada a la Justicia y la Administración Pública, la Jutep
recepciona, sistematiza y custodia unas 12.000 declaraciones juradas de
jerarcas obligados por ley a las que a partir de este año se suman
30.000 de todos los funcionarios del Ministerio del Interior.
A las debilidades de la Junta en materia de recursos
humanos y materiales, se suma la ubicación institucional que tiene desde
que fue creada en 1998 (entonces bajo la supervisión de la Fiscalía de
Corte) que limita su margen de acción.
Pese a que la ley le ha conferido independencia
técnica, carece de autonomía funcional. En el resto del continente la
mayoría de las oficinas anticorrupción dependen de la Presidencia.
Por una ley anterior, la Jutep quedó como unidad
ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al que, según las
competencias que le concedió esa norma, debe controlar de la misma
manera que al resto de la Administración Pública.
Hace dos años que las autoridades de la Junta
reclaman un proyecto de ley que la convierta en un ente autónomo, según
dijo a El País el vicepresidente del organismo Luis Yarzábal.
"La Junta de Transparencia y Ética Pública es el
organismo que ejerce el control superior de la corrupción en el país y
tiene por cometido estudiar la situación de cualquiera de los
funcionarios del Estado", dijo Yarzábal, para agregar que "para ejercer
ese cometido debidamente tendría que ser un organismo autónomo. Cuando
se votó la ley que creó la Junta se discutió su ubicación institucional y
no hubo acuerdo", indicó el funcionario a El País.
Uruguay, 19 en 177
Según el ranking 2013 de Transparencia Internacional
sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), Uruguay, con 73
puntos, se ubicó en el lugar 19 entre 177 países evaluados y fue el
primero entre los de Latinoamérica. En 2012 Uruguay estaba en el lugar
20. Entre los países que se evaluaron, solo el 30% superó la media de 50
puntos sobre el máximo ideal de 100. Dinamarca, Nueva Zelanda y
Finlandia son los primeros.
Fuente: Diario "El País", tomado del blog de AFUSEC.
Fuente: Diario "El País", tomado del blog de AFUSEC.
